Conforme las sociedades se van desarrollando, así van apareciendo reglas que definen o puntualizan responsabilidades de los actores de la sociedad.

Si bien existe el libre albedrío, al vivir en sociedad es necesario que existen limites entre los derechos de cada persona y así, menos veces existan colisiones entre estos derechos.

En el caso del cliente (consumidor de licor) y el expendedor (“bartender”) y siendo que el permiso de expender licor es otorgado por el Estado (Municipalidades), esto no esta a libre y existen reglas.

Sin querer ser inoportuno – en medio de un mundial de fútbol y con una Selección jugando mejor que nunca – me hice a la tarea de buscar en la ley de licores vigente, si podríamos encontrar reglas de juego al respecto. encontramos los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 16.- Sanción relativa a la venta y permanencia de menores de edad y de personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas
Quien venda o facilite bebidas con contenido alcohólico a menores de edad y a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas será sancionado con una multa de entre uno y quince salarios base.
La permanencia de personas menores de edad en los establecimientos con licencia clase B y E4 será sancionada con una multa de entre uno y quince salarios base.” (la negrita no es del original)

y el :

“ARTÍCULO 22.- Sanciones relativas a ventas prohibidas

Quien expenda o facilite, a título oneroso o gratuito, bebidas con contenido alcohólico a menores de edad o a personas con evidentes limitaciones cognoscitivas y volitivas, recibirá sanción de seis meses a tres años de prisión y se ordenará el cierre del establecimiento.” (la negrita no es del original)

Entonces nos encontramos dos opciones para ser sancionado, primero que se le venda a un menor de edad o bien a alguien con “evidentes limitaciones cognoscitivas y volitivas“, dejemos por un momento a los menores de edad y analicemos la segunda opción:

Que pasaria si el cliente si bien llega al bar en perfecto estado cognoscitivo y volitivo, y con el transcurso del tiempo y el consumo de licor, llega a ponerse en una situación de evidente limitación  cognoscitiva y volitiva. Es claro que el expendedor  (bartender) debería -según estos artículos – suspender la venta, pues si no lo hace estaría cometiendo un delito, que podría llevarlo a la cárcel.

En otros países este tema de la responsabilidad del “bartender” esta desarrollado, creo que en nuestro país, llegara el momento en que deba de aplicarse, pues no son pocas las veces en que vemos accidentes de transito provocados por no haberse evitado que el infractor consumiera licor en exceso.-

A menudo nos topamos en nuestra practica legal, clientes que al querer comprar una casa, piensan que seria una buena idea inscribirlo a nombre de sus hijos Menores de edad), Sin considerar una serie de implicaciones legales que esto tiene, veamos:

Primero que todo se debe de entender que una vez inscrita la casa a nombre del menor, este es su dueño, el es quien puede luego vender, nadie mas.-
Entonces, Para poder vender o hipotecar un bien que se encuentra a nombre de un menor de edad, es necesario que sus padres –quienes son sus representantes legales- o quien represente al niño gestionen el permiso ante un juez de familia.
Esto es lo que se conoce como diligencias de utilidad y necesidad.
Se tiene que demostrar que esa venta, hipoteca o disposición va a beneficiar al menor de edad, no a sus padres.-
El artículo 147 del Código de Familia establece que:

“la patria potestad no da derecho a enajenar ni a gravar los bienes del hijo, salvo en caso de necesidad o de provecho evidente para el menor.Para ello será necesaria autorización judicial si se tratare de inmuebles o de muebles con un valor superior a diez mil colones”.

El artículo 878 del Código Procesal Civil explica el procedimiento: “Para acreditar la necesidad y la utilidad, se recibirán la prueba pericial y las demás que se rindan o que el juez creyere convenientes. En el mismo dictamen el perito hará el avalúo de los bienes correspondientes. Recibida la prueba, se dará audiencia por tres días al Patronato Nacional de la Infancia, y, sin más trámite, el juez dictará auto de autorización o de denegación del permiso solicitado. Este auto será apelable en ambos efectos”.
Por eso, si se va a realizar alguna transacción comercial que involucre bienes de menores de edad (por ejemplo, hipotecar una casa a nombre de un menor), se debe tener mucho cuidado y verificar si ya se cumplió con esta diligencia, pues podrían darse problemas para ejecutar dicha hipoteca.
Por otro lado, los padres que adquieren una propiedad y deciden ponerla a nombre de sus hijos (o establecer el régimen de patrimonio familiar sobre un bien inmueble, a favor de sus hijos menores) si en un futuro quieren vender la casa o surge alguna necesidad de pedir un préstamo, tendrán que realizar estas diligencias.
Debido a las amplias cargas de trabajo, ciertos juzgados tardan en resolver. Asimismo, podría suceder que el juez deniegue las diligencias.
Por ello, es necesario reflexionar profundamente si conviene utilizar esta figura.

En nuestro país se han dado muchos casos de dueños de propiedades en alquiler que no dejan en paz a sus inquilinos y los perturban constantemente.

Se tiene la errónea idea de que por ser los dueños de la propiedad, tienen el derecho de ingresar a ella cuando mejor les parezca o introducir materiales u objetos sin la autorización del inquilino.

Nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho de posesión, es decir, que aunque no se es dueño de una cosa, esta se tiene bajo el poder y voluntad.

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La Ley de Pensiones Alimentarias tiene previstos mecanismos para aliviar la carga por pensión alimentaria para aquellos trabajadores que se queden sin trabajo.

Además, en caso de que no necesariamente el empleado se haya quedado sin empleo, pero ahora tenga una ocupación en la que gane menos, existe lo que se conoce como incidente de rebajo de pensión.
Analicemos cada posibilidad:

Permiso para buscar trabajo

El primero de ellos es pedirle al juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias donde se tramitó la pensión que lo autorice para buscar un trabajo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Pensiones Alimentarias.
Se debe comprobar realmente que la persona no tiene trabajo (por ejemplo, con la carta de despido), ni recursos económicos (por ejemplo, presentar como pruebas recibos vencidos, el estado de la cuenta bancaria, cartas de acreedores que manifiesten que el obligado alimentario está atrasado con los pagos).
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